Guardo

IU se opone a la construcción de una hidroeléctrica entre Velilla y Guardo

Visita del diputado provincial e IU, Felix Iglesias, a la agrupación local de Guardo

La formación de izquierdas cree que el verdadero interés del proyecto de central es «obtener un desmonte con subterfugios»

JOSE CARLOS DIEZ / GUARDO

Izquierda Unida de Guardo, y Ecologistas en Acción, han emitido un comunicado, después de la visita del diputado provincial de Ganemos Palencia, Félix Iglesias, en el que mostraban su “estupefacción” ante el proyecto presentado por CDR Carrión para la concesión de un aprovechamiento de aguas procedente del drenaje de las minas Majadillas y Valdelabarcena en los términos municipales de Velilla y Guardo.

“Obviamente no nos oponemos a las energías renovables, el problema que encontramos en este proyecto son circunstancias que nos llevan a pensar que el verdadero interés no es la producción eléctrica”, aseguran en el comunicado. “La primera parte es dilucidar, si el agua que se va a utilizar como recurso pertenece al dominio público. Es decir es la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la que debe dar el visto bueno al uso de este agua dado que, pese a su uso en la extracción de minerales, el agua no pasa per se a propiedad de la empresa y parece que el proyecto carece de esa licencia y comunicación”, explican desde la formación de izquierdas.

La otra cuestión que genera más dudas en IU “es la presencia de dos grandes balsas de 7,4 hectáreas, en medio de un monte con protección natural, bosque de robledal y hayedo y la ya contrastada presencia de oso pardo en la zona. Balsas de 15 metros de profundidad, lo que supone una gran cantidad de residuo que debe ser a su vez convenientemente tratado”, explican a la vez que sospechan que “en esa zona y tras ya algún intento, parece que este material pudiera constituir un desmonte para la extracción de mineral”.

El comunicado de IU concluye con la pregunta de si “es posible que el objetivo real de este proyecto no sea sino obtener un desmonte y se esté llevando a cabo con subterfugios que desvíen la atención”, algo que justifican en que “las grandes dimensiones del proyecto, parecen sospechosas en cuanto a las cantidades que se manejan y tal vez el verdadero interés se aleje de la producción eléctrica” y aseguran que “lo primero es la presentación de las alegaciones pertinentes y que se aclaren las cuestiones que aquí planteamos” y acusaron a los ayuntamientos afectados de estar dificultando el acceso a la documentación.

ALEGACIONES

En cuanto a las alegaciones que se pueden presentar durante un mes desde el 29 de abril, Izquierda Unida tiene claro que presentará varias, entre las que destacan que “el agua que sale de las minas es de dominio Público, las Concesiones Mineras de explotación solo afecta a la extracción de minerales, que para hacerlo rompen el camino natural de las aguas y lo desvían, regresando posteriormente al cauce natural” y que “a pesar de estar obligadas las empresas mineras a restaurar el monte y limpiar las aguas contaminadas, hay dejadez por parte de los Ayuntamientos y de la Administración Regional para obligarles a hacerlo”, aseguran.

Además, consideran que el volumen de captación de agua, así como los depósitos, están sobredimensionados, “lo que supone un enorme impacto, en un monte de alto valor Ecológico y muy castigado por las Explotaciones Mineras a Cielo Abierto”. Asimismo, explican que “la extracción y transporte de las tierras de las balsas de acumulación de agua, así como la posterior distribución, «supondrá un enorme impacto añadido en el monte». «Este enorme volumen de estériles tardará muchos años en recuperarse ambientalmente”, concluyen.

Investigación de las relaciones con CDR Carrión SL

IU sostiene que, siendo la explotación minera de carbón UMINSA, así como propietarios de algunas fincas afectadas por la construcción, los concesionarios de esta central, deberían conocerse «las relaciones que tienen con la promotora CDR Carrión SL de Ponferrada, así como las ayudas que pretenden recibir para realizar el proyecto”. Asimismo, piden que no se publique únicamente en el BOE. “Los Ayuntamientos afectados deben informar. Hay que evitar el secretismo de estos proyectos”, agrega.

Compartir