Guardo

Guardo suspende la modificación urbanística que protege el monte de Muñeca

El Ayuntamiento quiere pedir más información antes de declarar la zona como de especial protección forestal

JOSE CARLOS DIEZ / GUARDO

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo decidió el martes en un pleno extraordinario suspender provisionalmente la modificación puntual para declarar los montes de Muñeca como de Especial Protección Forestal. Y es que el equipo de gobierno ha visto la necesidad de solicitar mayor información legal sobre la modificación.

En estos terrenos, la empresa Uminsa pretende hacer la ampliación de la actual explotación a cielo abierto que dispone en la pedanía guardense. Para ello, comenzó los trámites y el Ayuntamiento, que desprotegió la zona en el PGOU de 2006, intentó volver a protegerlo.

Estos trámites, que llevan un considerable tiempo para su ejecución, dieron pie a que la empresa presentase una demanda, que daría la razón a la Junta de Castilla y León, concediendo la autorización para la ampliación del desmonte. Es por lo que el Ayuntamiento pedirá ahora información para conocer la legalidad de esta modificación puntual.

En el pleno intervino Ricardo Varona (PCAL) para aclarar que «hay un bulo circulando por Guardo de que yo he denunciado a Uminsa y eso es falso. Yo he denunciado al Ayuntamiento por dejación de funciones en las labores de vigilancia», dijo rechazando que el futuro de al minería esté en las explotaciones a cielo abierto.

Aparte de esta modificación, que quedó en suspenso, a la espera de que en un plazo lo más corto posible el Ayuntamiento pueda documentarse, se anularon dos modificaciones por no ser relevantes y necesitar un gran volumen de documentación que presentar a la Confederación Hidrográfica del Duero.

En el pleno también se trataron otros dos puntos, como la aprobación de la relación de facturas caducadas por haber estado más de cuatro años sin exigirse el pago y de otras que no han sido conformadas por diversas deficiencias.

Por último, se dio cuenta de la relación de facturas enviadas al Ministerio para que los proveedores puedan acogerse a los créditos del ICO. Estas facturas, hasta 31 de diciembre de 2011 y no pagadas a fecha 15 de marzo de 2012, rondan un importe de 276.000 euros.

Compartir